05/03/10
Es posible acabar con la corrupción en España? Esa es, probablemente, la pregunta del millón que se hacen miles de ciudadanos. Esos mismos españoles a los que, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), les preocupa ya más esta actividad incívica que el mismísimo terrorismo. Ante este escalofriante cambio de prioridades en la ciudadanía, los políticos han comenzado a ver señales de peligro y dentro de los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) han surgido en los últimos tiempos movimientos internos que urgen a adoptar medidas para terminar con la sensación de que a la política se llega con los bolsillos medio vacíos y se sale con cuentas millonarias.

Desde las directivas de los dos grupos mayoritarios no salen de su asombro con los resultados de las encuestas internas que manejan. Según fuentes de ambas formaciones consultadas por Tiempo, los datos que tienen sobre sus mesas dan como resultado dos constantes que se mantienen en los sondeos encargados por el PSOE y por el PP: el porcentaje de apoyos sobre el total de voto decidido no sufre modificaciones significativas en ninguno de ellos, pero el hastío de los ciudadanos hacia la política aumenta a pasos agigantados. En definitiva, cuando los expertos de ambos partidos mayoritarios miran la letra pequeña de las encuestas ven que el voto decidido baja y que aumentan los que no saben siquiera si van a ir a votar, y eso es un peligro cierto porque no saben a qué atenerse, ya que todo dependerá del estado de ánimo de los votantes el día de las elecciones.

Ante este panorama nada alentador, esos grupos de directivos y militantes socialistas y populares que piden mayor contundencia han comenzado también a barajar ideas para atajar la lacra de la corrupción. Desde el Partido Popular se hizo llegar al resto de partidos un documento con 50 propuestas. Desde el PSOE se propició la puesta en marcha de una comisión de trabajo, en la que están el resto de los grupos políticos, dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyas conclusiones quedaron plasmadas en el Código del Buen Gobierno Municipal aprobado por unanimidad a finales de diciembre. Ahora sólo queda que haya auténtica voluntad política de progresar en este camino y, a pesar de otros sonados de-sencuentros, parece que en este tema sí hay acuerdo entre los grandes partidos para aplicar la infinidad de medidas que ya existen pero que no se aplican.

Es decir, que la exigencia de mayor contundencia ha cambiado de lugar. Si antes había una especie de clamor popular interno en los partidos políticos para que los dirigentes de cada uno de ellos echaran en cara a los del contrario los escándalos en los que se veían envueltos, ahora se pide un esfuerzo similar, pero no para elaborar una lista de reproches, sino para evitar que haya más casos de corrupción.

Los partidos políticos –y sobre todo los grandes– han descubierto con pavor en los sondeos que hacen periódicamente para ver cómo les va desde el punto de vista electoral que la gran ganadora de los escándalos y de la bronca pública es la abstención, muy peligrosa para ambas formaciones.

No dar ventaja.
Mientras tanto, los contactos y las estrategias se mueven en dos niveles muy distintos y distantes porque nadie quiere dar ventaja al contrario. Antonio Hernando y Juan Manuel Moreno, responsables de política municipal de las ejecutivas de PSOE y PP, respectivamente, hablan entre sí de los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los populares y seguramente tendrán que hablar también de las elaboradas por la FEMP. Sus jefes, que son conscientes de que la corrupción les arrollará si no la atajan, no quieren ni oír hablar de pacto sobre un documento concreto, porque ninguna da las dos ejecutivas quiere dar el protagonismo a la contraria. Quizás estos dos políticos (Hernando y Moreno), que chupan bastantes menos minutos de televisión y muchísimas menos líneas de periódicos y revistas, acaben por ser los responsables de una propuesta de mínimos conjunta que lleve a un acuerdo final.

Esa propuesta de mínimos, si es que llega, deberá incluir necesariamente parte de las propuestas de ambas partes. Las del PP (50 en total) se agrupan en seis capítulos, denominados bases, que contienen fundamentalmente medidas para fortalecer las instituciones, hacer más transparente su gestión y la del gasto público, hacer públicos los bienes de los cargos electos y llevar a sus últimos términos el pacto antitransfuguismo, además de fijar reglas para los regalos a cargos públicos.

Las contenidas en el Código del Buen Gobierno Municipal abordan la aplicación de los principios de transparencia y de compromiso con la ética pública y la calidad de la democracia en la gestión municipal, incorporan la necesidad de asumir, sin reservas, el pacto antitransfuguismo y ponen sobre la mesa un apartado sobre incompatibilidad y declaraciones de actividades y bienes y una propuesta de retribuciones de cargos públicos y la aceptación de regalos. Como puede observarse, ambas posturas son muy parecidas y tomándolas como base podrían empezar a trabajar los grandes partidos.

El día a día.
Pero, ¿dónde está el quid de la cuestión? Al margen de casos de enorme dimensión como el Gürtel, el denominador común de casi todos los escándalos de corrupción es el urbanismo. La venta de terrenos a amigos, familiares o conocidos; la recalificación de suelo rústico comprado por cuatro perras y que tras la decisión municipal de hacerlo urbanizable multiplica su valor; la puesta en el mercado de suelo municipal, inicialmente previsto para equipamientos vecinales pero que acaba en bloques de pisos construidos por alguien que gana mucho dinero con ello. ¿A quién no le suenan operaciones como estas? ¿Hay de verdad medidas eficaces para prevenirlas?

Como cualquier vacuna, es difícil inmunizar al 100%. Pero fuentes próximas a algunos antiguos colaboradores del presidente Rodríguez Zapatero aseguran, sin dudarlo un instante, que medidas hay y muchas, “aunque nadie se ha preocupado de que se pongan en marcha y ahora renacen como propuestas nuevas cosas que llevan años publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que duermen en el cajón a la espera de que alguien decida obligar a aplicarlas”, aseguran.

Sin embargo, esas mismas fuentes reconocen que también existen un buen número de decisiones políticas que también han acabado en el BOE pero que al final no sirven de mucho a la hora de prevenir la corrupción. Una de ellas, a la que todos los expertos aluden cuando se les pregunta, es la financiación de los partidos. El Gobierno modificó la ley en 2007 para hacer más transparentes las donaciones de empresas y particulares, pero los autores del texto olvidaron –“seguramente a propósito”, dicen las fuentes consultadas– la posibilidad de que las fundaciones y las sociedades que dependen de los partidos tengan que pasar el examen del Tribunal de Cuentas.

Dinero para los partidos.
Este organismo de supervisión y fiscalización de cuentas sigue, como siempre, ejerciendo su labor de control con las cifras que le remiten los propios partidos y se acabó. ¿Es tan difícil de imaginar que a algún político en ejercicio le dé por subvencionar a una fundación que después financiará actividades del propio partido? Eso, que es poco más o menos lo que ha pasado en Cataluña con el escándalo Millet, sólo sale a la luz cuando ya ha pasado, porque el Tribunal de Cuentas no dispone de competencias para escudriñar adecuadamente los números y las actividades colaterales de los partidos. Entre las medidas propuestas ahora por el PP figura la de cortar las subvenciones a las organizaciones que no se dejen fiscalizar por el Tribunal de Cuentas o cuyos números no estén claros.

La prevención de la corrupción por ese lado tiene soluciones, pero es necesario que las grandes formaciones políticas se pongan de acuerdo en adoptar las medidas necesarias. Eso, que sería bien visto por muchos ciudadanos, es más difícil de lo que parece, porque necesita de un acuerdo para cambiar incluso la financiación de los partidos, acostumbrados hasta ahora a utilizar los escándalos de corrupción como arma arrojadiza. En lo que sí están de acuerdo es en no volver la vista atrás. No quiere decir eso que vayan a pasar página, pero según las fuentes consultadas por Tiempo parece que hay una predisposición a terminar, al menos en parte, con la táctica del ¡y tú más!, echando mano para ello de las hemerotecas en busca de escándalos pasados.

Pero mientras llega ese gran pacto, el día a día rutinario despierta muchas mañanas con nuevos registros en ayuntamientos, con alcaldes esposados, con la Guardia Civil o la Policía Nacional requisando documentos. Detrás están las licencias de obras, las recalificaciones o los crecimientos incontrolados de municipios que han pasado en pocos años de aldeas a grandes ciudades. Para esto es para lo que sí hay medidas publicadas ya en el BOE, en vigor, pero que no se aplican. Y no son una ni dos. La mayor parte de ellas fueron tomadas cuando el Gobierno modificó en 2007 la ley del suelo e introdujo en el texto algunos cambios que afectan a la ley reguladora de bases de régimen local, algo así como el código oficial de conducta de los ayuntamientos, que muy pocos cumplen.

El pasado noviembre, sin ir más lejos, la Policía entraba en el Ayuntamiento de la pequeña localidad almeriense de Arboleas (4.300 habitantes). Esta vez la misión no era detener a nadie, sino algo más sencillo: llevarse los expedientes que el juez había reclamado al equipo de gobierno municipal y que este no había remitido. Pues bien, una de las modificaciones introducidas en la legislación, en vigor desde 2007, dice que los ayuntamientos “deberán tener a disposición de los ciudadanos y ciudadanas que lo soliciten copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial”. Pero si no le entregan la copia al juez, mucho menos a los vecinos, y aquí no pasa nada.

Modificaciones olvidadas.
En su punto segundo, esta misma modificación legal añade que dichos expedientes deberán ser publicados por medios telemáticos con el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor. La norma incluye la posibilidad de que los ayuntamientos con menos medios (los de población inferior a los 5.000 habitantes) puedan realizar esta publicación de forma mancomunada para que les salga más barato.

Pero hay mucho más. En otra de las modificaciones, en vigor también desde 2007, se señala que los cargos municipales deberán hacer declaración anual de bienes y actividades, que serán integradas en un registro oficial de carácter público y que, además, deberán declarar todos sus bienes al inicio y al final del mandato. Esta medida figura como novedosa en las propuestas del PP y de la FEMP cuando ya existe y sencillamente no se cumple, igual que está por ver que los ex cargos municipales se abstengan durante dos años de ejercer actividades que guarden relación con las que hubieran estado entre sus obligaciones en los ayuntamientos y que también figura en la ley.

Baja afiliación.
¿Cuál es el problema? Los partidos políticos de cualquier tamaño, y los grandes mucho más, se niegan de forma sistemática a dar a conocer cuántos de los candidatos que presentan a las elecciones municipales no son afiliados, y en muchos casos no son siquiera simpatizantes históricos. Hay que hacer más de 8.000 listas electorales y ahí cabe de todo. “Muchas de las personas que se presentan por este o aquel partido –comentan las fuentes consultadas- se negarían a poner a la vista pública sus bienes y los de sus familias por ir en una lista para concejal”. Y así es muy difícil que se pueda controlar a quienes después van a tener el poder real en los municipios.

Además, luego cuentan el famoso agradecimiento de los vecinos a “lo que han hecho por el pueblo” y las manifestaciones de apoyo a las puertas de los ayuntamientos con la Guardia Civil dentro practicando detenciones. Y es que el dinero de los municipios es uno de los grandes problemas generadores de corrupción (ver recuadro de la página 21) y no se resolverá mientras sus ingresos dependan en una parte importante del urbanismo y vayan acumulando deudas multimillonarias.
Las grandes formaciones políticas tienen una oportunidad histórica para dar un paso hacia delante en la lucha contra la corrupción. Ellos lo saben y parece que, con matices, esta vez lo van a hacer. Mientras llega el momento de poner por escrito un acuerdo formal, que igual no llega nunca, hay un pacto de no agresión que sí se cumple.